Bajo la consigna "Exigimos Verdad y Justicia", a partir de la hora 19 se realizará la Marcha del Silencio, que partirá de la Plaza de los Desaparecidos (Rivera y Jackson) y terminará en la Plaza Cagancha.

La marcha estará marcada por temas como el atraso de la Embajada uruguaya en Italia en presentar la solicitud de extradición de Jorge Tróccoli, que permitió la liberación del militar acusado de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y por cuestionamientos desde la propia izquierda a la política de derechos humanos del gobierno del Frente Amplio

"Todo va muy lento", y "lo único que se ha hecho es sacar los casos de la ley de Caducidad", son algunas de las críticas.

Existen reparos además en el hecho de que a diferencia del gobierno argentino, en Uruguay las causas que se encuentran en la Justicia son por iniciativa de "las víctimas o sus familiares" y no por el Estado, según señaló el integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Pit-Cnt, Raúl Olivera.

También observan la ausencia de resultados en las indagaciones sobre los uruguayos desaparecidos en Argentina, pese a existir un nexo entre el gobierno de Tabaré Vázquez y la secretaría de Derechos Humanos del gobierno de Cristina Fernández,

"Lo único que el gobierno ha hecho es sacar los casos de la ley de Caducidad", dijo a El País Lille Caruso, responsable del tema derechos humanos del Partido Comunista e integrante de la Comisión por la Anulación de la ley de Caducidad.

"Todo va muy lento", afirmó a El País la integrante de la organización Madres y Familiares, Amalia González, respecto a las acciones del gobierno.

"Tal vez la responsabilidad sea también de nosotros que nos movilizamos y no podemos exigir", subrayó.

Por su parte, Luisa Cuesta, también integrante de la organización Familiares, consideró que "la lucha nuestra dejó de ser por nuestros familiares. Ahora es para que no se repita nunca más".

El País