SEBASTIÁN CABRERA

"Me entero por ustedes", respondió anoche Jorge Ruibal Pino. El presidente de la Corte desconocía que, un rato antes, todos los partidos políticos habían acordado terminar con el ingreso a dedo en la Justicia.

Entre sorprendido y molesto, Ruibal -de vacaciones, por la feria- dijo a El País que el Poder Judicial cumplirá lo que la ley establezca, aunque también espera que el Parlamento destine los recursos necesarios para instrumentar llamados públicos eficaces y rápidos.

Sin consultar previamente a la Suprema Corte, los diputados de la comisión de Hacienda y de Presupuesto pactaron a último momento incluir en la Rendición de Cuentas un artículo que establece que el ingreso de los funcionarios a cualquier escalafón del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sólo podrá realizarse mediante concurso de oposición y méritos, siempre con llamado público abierto. En los casos en que no corresponda realizar un concurso, habrá sorteo.

La propuesta, aceptada por los diputados blancos y colorados, fue presentada por el diputado de la Vertiente Artiguista Eduardo Brenta, que esta misma semana había participado en la comisión de Hacienda de un debate con las autoridades de la Corte acerca de la forma de ingreso a la Justicia, a partir de denuncias del sindicato.

Ante las críticas, la Corte defendió el actual sistema de designación, que consiste en elegir en forma directa los cargos de auxiliar (último escalafón del funcionariado) y para el resto de los cargos administrativos se utiliza un sistema "semiabierto". En ese caso se selecciona al personal por concurso, pero a partir de una lista confeccionada en base a nombres propuestos por cada ministro de la corporación. Ruibal, por ejemplo, ha admitido que sus dos hijas ingresaron de esa forma: una hace catorce años y otra en 2007.

Según el ministro, el último concurso abierto -hace muchos años, pero no recuerda cuándo- "no funcionó bien", debido a que se presentó tanta gente que la selección se hizo por sorteo, de donde quedaron afuera los mejores calificados. "En aquella época no había medios para tomar las pruebas. Pero supongo que ahora el Parlamento arbitrará los medios y destinará los recursos suficientes para elegir a los mejores y en forma rápida", advirtió.

CAMBIO. El artículo será presentado formalmente el miércoles, cuando se comience a votar el proyecto de Rendición de Cuentas en el plenario de la cámara. Brenta explicó que su inclusión se basa en el artículo 59 de la Constitución, que dice que la ley establecerá el estatuto del funcionario teniendo en cuenta que "el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario". Y lo aplica para los funcionarios del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, excluyendo los cargos de magistrados.

La propuesta fue avalada por la bancada del Frente Amplio y también por la oposición. El diputado blanco Jorge Gandini adelantó en la comisión que acompañará la iniciativa debido a que es "totalmente correcta" e incorpora a los funcionarios judiciales a la normativa del Estado. Los colorados también dieron su visto bueno, por lo cual en este caso el artículo será votado por unanimidad.

Para Brenta, esta modificación -que entrará en vigencia ni bien la ley sea promulgada- es un avance sustantivo en materia de transparencia y de igualdad de oportunidades de la población a acceder a cargos públicos. "Se terminará con una situación que no hace honor al Poder Judicial", opinó.

El Frente Amplio y la Corte, difícil relación

Esta fue una semana tensa en cuanto al relacionamiento entre el Poder Judicial y la bancada de gobierno. Primero fue la polémica en la comisión de Hacienda por el ingreso de los funcionarios, el martes. Ese mismo día se le comunicó a la Corte que varios aditivos presentados no serían considerados, por requerir más presupuesto.

Sin embargo, el jueves los legisladores acordaron votar una partida extraordinaria en la Rendición, destinada a corregir inequidades salariales en el Poder Judicial. En concreto, la Corte había pedido $ 22 millones para dar más aumento salarial a los escalafones bajos. Los diputados acordaron con el Ministerio de Economía otorgar la mitad de lo reclamado con ese objetivo: $ 11 millones. "Hasta ahora la política de recursos humanos de la Suprema Corte ha apuntado a abrir la brecha salarial. Le han dado más aumentos a los sueldos altos. Ahora lo buscan corregir", dijo Brenta.

A partir de la polémica pública por las designaciones, el presidente de la Corte, Jorge Ruibal Pino, debió aclarar su postura: "El ingreso por concurso no es bueno. Es mejor el mecanismo actual, porque del otro modo no se puede conocer bien al aspirante, lo que sí se permite con la designación directa". El sindicalista Sergio Núñez echó más leña al fuego: "Casi todos los ministros y funcionarios tienen algún familiar en el Poder Judicial. Los apellidos se repiten".