La Intendencia de Maldonado comunicó que no tiene herramientas para actuar en el caso de las siete viviendas donadas por la organización Un Techo Para mi País que fueran vendidas o canjeadas por quienes habían resultado beneficiados. Pero envió a su división jurídica el estudio de dos casos que se detectaron tras la intervención del municipio. Un tercer caso fue abortado porque la vecina "dio marcha atrás" y cedió la vivienda para que la intendencia la reasigne a otro necesitado, dijo José Molina, director de la Unidad de Asentamiento. El 13 de marzo la comuna se enteró que cuando el traslado de un asentamiento íntegro, algunos beneficiados de las donaciones de la ONG vendieron sus viviendas al precio de entre 10.000 y 15.000 pesos. Otros dos las canjearon por motos scooter.

Cinthia Pérez, directora social de Un Techo para mi País, dijo que ellos no juzgan a quiénes vendieron o cambiaron sus nuevos hogares. "Es un problema social del país. De repente lo hicieron por supervivencia", dijo. La construcción de la casa le cuesta 25.000 pesos y los beneficiados deben pagar sólo el 10%.

El País