Al asesino serial Pablo Goncálvez y a su señora no les hizo ninguna gracia un sketch donde se sugería con fotos y animaciones una aproximación sexual de los presos conocidos como "El Betito", "El Rambo" y "El Cosita" hacia Goncálvez. Ofendido, el matrimonio le inició juicio a los conductores del programa La Culpa es Nuestra de canal 10 y al humorista Carlos Tanco, guionista de la broma realizada en el ciclo del año pasado.

El jueves 5 se celebró la primera audiencia de la demanda, según publicó La Diaria. A ella, llevada adelante por el juez Alejandro Recarey, asistieron Goncálvez y su pareja, los conductores Gonzalo Camarotta y Jorge Piñeyrúa, y Tanco; así como los abogados de las dos partes.

Hugo Granucci, representante del demandante, aclaró que él sólo defiende a Goncálvez en este juicio civil por entender que hubo "daño moral" a su persona, pero "eso no tiene nada que ver con los delitos por los que fue condenado a 30 años de prisión". Esto es: tres homicidios ocurridos en 1992 y 1993, así como uno de violación. "Hubo un abuso de la libertad de expresión", según Granucci, ex vicepresidente de OSE, procesado por irregularidades en su gestión durante el gobierno de Batlle y en libertad desde diciembre. "Hay límites para todo, incluyendo para la libertad de expresión. Cuando se ofende con hechos que se hacen pasar como verosímiles se puede afectar la moral ajena", dijo Granucci.

Por su parte, su colega Julián Moreno, abogado de canal 10, entiende que se trata de un caso "absurdo": "hablamos de un criminal que figura en los anales de la criminología nacional. Parece insólito que el agravio al honor no se lo haya provocado él mismo y sí un pequeño sketch cómico, que tiende a satirizar la realidad".

Moreno coincidió en que la libertad de expresión sólo "entra en la etapa de ilicitud" cuando de ella se ejerce abuso. Pero para él, este no es el caso. "Con aquella animación de fotos no se busca representar la realidad, sino un hecho de ficción, hablando de una hipotética farándula carcelaria en una revista Caras de presidiarios. Puede no haberles gustado la broma, pero no roza el honor", insistió el abogado.

"Y, además, se tomó algo que está en el imaginario popular: que cuando llega un violador los demás presos toman represalias".

El juez Recarey retomará las actuaciones el 4 de agosto cuando interrogue a testigos que los denunciantes propusieron.

Los demandantes pidieron cuatro millones de pesos como reparación del daño sufrido. Para Moreno se trata de una cifra tan "absurda" como la propia demanda.

Granucci reconoció que el monto no se corresponde con el promedio de maneja la Justicia uruguaya en su jurisprudencia, pero señaló que tampoco hay un parámetro "para subir y bajar". "Eso lo calcula el ofendido: `para que me sienta bien me tienen que dar tanto`", dijo.